CORRUPTÊLA, AE

Corrupción. Corrupción política. Probablemente haya sido esta la palabra más repetida durante estos últimosmeses. La concentración ciudadana ayer en Palma, tras las acusaciones cruzadas y la dimisión de Maria Antonia Munar, la “señora” de Baleares, no ha sido sino algunos de los episodios más llamativos de los que periodicamente salpican los informativos y que, con cierta ligereza, son calificados como “otro caso de corrupción política” dando a entender que la falta de honestidad es moneda corriente y que la corrupción es el comportamiento habitual de los representantes públicos. Lo cierto es que, con mayor o menor razón, el desafecto por la “clase política” se ha instalado en la opinión pública y todo parece indicar que viene más determinado por los escándalos que se van conociendo que por la situación de crisis económica o la dificultad en encontrar fórmulas eficaces contra ella.

Y es que España es un país pobre pero honrado. Dicho así podría acusárseme de frivolidad, pero quizás sea esa la mejor manera de calificarnos y de entendernos como comunidad. Los españoles han superado la postguerra, el hambre, la emigración y la crisis del petróleo.. Están, por tanto, dispuestos y hasta “genéticamente programados” para comprender y asumir los esfuerzos necesarios para remontar el momento económico, pero difícilmente asumirán que “su” democracia engendra monstruos. Comprensible en una sociedad que sacralizó su transición política como si esta hubiera cambiado el signo de la Historia mundial, que convirtió la Constitución en una suerte de libro sagrado – pese a no conocerla – y que apenas diez años después de que el dictador muriera tranquilito en su cama se sentía protagonista natural de la aventura europea.

Los últimos años han sido también los del “descrédito” de la clase política. Tras los escándalos – muchos de ellos vinculados con el urbanismo – de todos conocidos, se ha ido asumiendo por los ciudadanos – y buena parte de los medios de comunicación – que los políticos actuales ni tenemos formación ni vocación ni honradez. Un puñado de concejales, alcaldes, diputados y responsables autonómicos han cubierto con un manto de vileza la vida pública de tal forma que cualquier insinuación sobre la honestidad de quien se dedica a la política basta para que los ciudadanos le retiren su confianza, sin esperar prueba alguna. Series de televisión y libros escritos para venderse en los aeropuertos encumbran a los protagonistas de la transición magnificando su capacidad y su obra, ocultando cualquier rastro de pecado. No queda espacio en la memoria para el nepotismo de la UCD, para el aceite de colza o el caso Banca Catalana. Sólo queda el recuerdo de los grandes hombres para mantener viva la leyenda de que “aquellos sí eran estadistas”…

Pero dejando a un lado la “amnesia histórica” como mecanismo defensivo de la psique colectiva, lo cierto es que la desconfianza ciudadana en sus dirigentes actuales no puede ser achacable a nadie más que a nosotros mismos. A los hechos citados anteriormente hay que añadir que tal vez no hemos sido lo suficientemente diligentes a la hora de mejorar y ampliar el control ciudadano sobre nuestra actividad política y sobre los dineros públicos. Hoy que la red nos permite intercambiar opiniones y amistad con personas a las que probablemente jamás lleguemos a conocer, que con cuatro pasos sencillos gestionamos a través de las webs compras, ventas o viajes y realizamos en un instante trámites bancarios o administrativos bien complejos, las tecnologías nos ofrecen mecanismos variados para ampliar el conocimiento ciudadano sobre la gestión de lo público y para permitir un control riguroso y continuo del mismo.

Pero no sólo hacen falta medios tecnológicos, que los hay, sino también la voluntad política de asumir este control y ver en él un fortalecimiento de la democracia y de la comunidad que la sostiene. La ciudadanía no es sólo una masa informe de votantes o de “administrados” que exigen servicios y calidad en la atención, es también una asociación libre de personas libres que reclaman de sus gobernantes criterio, transparencia y liderazgo. En la anterior legislatura, el Gobierno presidido por Emilio Pérez Touriño impulsó la Lei de Transparenciae Boas Prácticas na Administración Pública galega – Lei 4/2006 – que facilitó el acceso y el conocimiento, a través de la red, de expedientes y convenios. Asimismo, el Decreto 205/2008 de 4 de septiembre, por el que se regulaban los Rexistros de actividades e bens patrimoniais dos altos cargos da Xunta avanzó en el control e información sobre la actividad de los cargos directivos.

Sin embargo, es evidente que el Gobierno de Feijoo no mantiene el mismo compromiso. Hasta hace apenas unos días no figuraban la mayoría de los convenios en la web y no fue hasta la presentación, por parte del Grupo Socialista, de reiteradas iniciativas y preguntas parlamentarias cuando se subsanó esta situación. Ahora, nuestro Grupo presenta una nueva propuesta que es ya una realidad en Comunidades Autónomas como Castilla La Mancha, Andalucía y Extremadura: hacer públicas las actividades y el patrimonio de altos cargos y miembros de la Cámara gallega. Feijoo ya ha anunciado que no lo aceptará. Es un error. Nada más absurdo que resistirse a que la democracia crezca y se fortalezca, a construir diques que impidan la llegada de mareas procedentes de la desafección a la política y la desconfianza; de ahí sólo surgen “salvadores de la patria” y experiencias que denigran lo público; Italia y aquél GIL de triste recuerdo son ejemplos de ello.

Desde Cicerón hasta Tierno Galván, desde la anarquista y feminista Goldman al renovador del liberalismo Von Misses, han sido multitud los pensadores, políticos y filósofos que han insistido en la necesidad del ejemplo, del buen ejemplo, en el ejercicio de lo público y en la corrupción como amenaza, no sólo de la democracia contemporánea, sino de la propia sociedad. Es nuestra obligación y responsabilidad devolver el crédito a una actividad que la inmensa mayoría desempeñamos con pasión, con alegría, con aciertos y fallos pero buscando tan sólo construir un proyecto en el que creemos. Impidamos, con todos los medios, que quienes no creen en la política ni en la democracia accedan al poder, engrandecidos por aquellos otros que convierten “la cosa pública” en un lodazal.