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Ayer desde primera hora de la mañana, redacciones y las tertulias políticas de radios y televisiones analizaban y desmenuzaban la editorial conjunta de doce periódicos radicados en Cataluña, posicionándose a favor del nuevo Estatut y advirtiendo del sentimiento de agravio que los catalanes podrían sentir si la sentencia del Tribunal Constitucional anulase lo que la ciudadanía aprobó en referéndum. Sólo unas horas después eran numerosas las entidades sociales e instituciones – Can Barça incluída – que habían hecho suyas las palabras publicadas y las emisoras locales repetían el manifiesto varias veces al dia.
No es de extrañar que se haya convertido en el asunto que más interés ha generado en los últimos tiempos; tanto la decisión de estos medios como el fondo del asunto tienen la suficiente relevancia como para requerir alguna reflexión sosegada. De lo excepcional del hecho, baste recordar que sólo en dos ocasiones en nuestra democracia , ambas relacionadas con atentados – el asesinato de los abogados de Atocha y el del periodista López de Lacalle -, vieron la luz editoriales conjuntos. Es obvio, por tanto, que el debate acerca de la constitucionalidad del Estatut es sentida y vivida en Cataluña con una intensidad fuera de toda duda, capaz de poner de acuerdo a medios de comunicación que habitualmente estan en las antípodas en lo que a interpretación de la realidad se refiere.
Es posible que esta unanimidad les haya jugado una mala pasada a los firmantes del editorial, al no haber intentado concitar algún apoyo de medios no “estrictamente catalanes”, tal y como demandaron desde la SER Angels Barceló y Carlos Francino o como se recogía hoy en el editorial de El País. Excluir a Radio Barcelona – la más antigua de España – por pertenecer al Grupo Prisa anuncia un “frentismo” a la par antiguo y torpe. Esta idea de que “los de Madrid no nos entienden” es un poco ridícula y más si tenemos en cuenta que numerosos profesionales de los periódicos catalanes son habituales en las tertulias de distintas cadenas de radio y televisión, y no parece que hayan sentido incompatibilidad ni incomprensión alguna hasta el momento, ni se les haya contagiado germen jacobino alguno.
Pero dicho esto, no es comprensible el follón que se ha montado desde algunos sectores con el mencionado editorial. Cómo es posible que Maria Dolores de Cospedal afirme que la iniciativa periodística es “una presión intolerable sobre el Tribunal Constitucional”, o que el director de El Mundo comente que “no es el papel de la prensa tratar de influir en el Tribunal”… valganos dios, después de tres años de editoriales, comentarios, opiniones, entrevistas, reportajes, avisos y contraavisos… ahora se habla de presiones a los magistrados que llevan meses y meses estudiando la modificación del Estatut en medio de un ruido ensordecedor. En un país con libertad de expresión, es lógico, y hasta saludable, que la prensa opine y, por supuesto, se posicione políticamente. La prensa ha de ser independiente, pero precisamente esa independencia es la mejor garantía para que puedan expresar ideas o pareceres sin dar lugar a escándalo.
El Estatut fue votado por los ciudadanos en tres ocasiones; dos de ellas por delegación, a través de sus representantes en el Parlament y en el Congreso de los Diputados y la tercera en Referendum. Por tanto, no cabe duda alguna, tampoco, acerca de la voluntad de la mayoría de la ciudadanía catalana en lo que concierne a la bondad – y presumiblemente a la constitucionalidad – del nuevo Estatuto. Pero más allá del deseo y la voluntad de las fuerzas políticas y los ciudadanos, es al Tribunal Constitucional a quien compete la última palabra sobre el encaje de la norma en el marco de nuestra Carta Magna. Y es a este Tribunal porque así lo hemos decidido, porque así lo quisimos y porque esa es la arquitectura institucional que construimos entre todos. De nada vale ahora poner en duda el papel de los magistrados o su legitimidad; ni es opinable ni discutible.
Pudiera darse la circunstancia de que la sentencia del Alto Tribunal fuera en la dirección opuesta a lo votado por los ciudadanos, pero en cualquier caso eso no puede ni debe hacernos dudar del terreno de juego que nos hemos marcado. Si no nos vale cambiémoslo, pero no por una u otra sentencia, sino porque tenemos otro marco mejor o más adecuado para nuestro futuro. Y eso a pesar de que tampoco es comprensible que los magistrados lleven tres años deliberando, entre continuas filtraciones, algunos con mandatos en prórrogas y con evidentes enfrentamientos entre ellos. Si los políticos deberíamos hacer un ejercicio de responsabilidad y de mesura, sus señorías deberían entender que una parte del crédito ciudadano de la más alta institución depende de su celeridad, su dedicación y su silencio.
Fue el Partido Popular el que decidió presentar el recurso de constitucionalidad del Estatut. Fue Mariano Rajoy el que decidió echar a rodar esta bola que ahora amenaza con aplastarle también a él. De nada valen los mítines y las convenciones en Barcelona si al mismo tiempo el PP no entiende que el Estatut es para los catalanes mucho más que el preámbulo y que convertir la palabra “nación” en la madre de todas las batallas no es más que avivar el frentismo, el sectarismo y los sentimientos endogámicos. El PP quiso ganar votos fomentando el sentimiento “anticatalán”, renunciando al papel que un gran partido debe jugar en una de las comunidades claves para España. Los ataques al tejido económico catalán (ver el lamentable episodio de Gas Natural), los airados comentarios contra el tripartito, el lamentable papel de los medios de la derecha, empeñados en que la ocasión merecía una “Cruzada”, no han hecho más que emponzoñar un debate que cada día se volvía más y más bronco. Tal vez el editorial de ayer tenga la virtud de obligarnos a parar esta rueda, a pensar y abrir espacios para que el debate gane enteros y pierda visceralidad. Todo, mientras sus señorías siguen deliberando….
No es de extrañar que se haya convertido en el asunto que más interés ha generado en los últimos tiempos; tanto la decisión de estos medios como el fondo del asunto tienen la suficiente relevancia como para requerir alguna reflexión sosegada. De lo excepcional del hecho, baste recordar que sólo en dos ocasiones en nuestra democracia , ambas relacionadas con atentados – el asesinato de los abogados de Atocha y el del periodista López de Lacalle -, vieron la luz editoriales conjuntos. Es obvio, por tanto, que el debate acerca de la constitucionalidad del Estatut es sentida y vivida en Cataluña con una intensidad fuera de toda duda, capaz de poner de acuerdo a medios de comunicación que habitualmente estan en las antípodas en lo que a interpretación de la realidad se refiere.
Es posible que esta unanimidad les haya jugado una mala pasada a los firmantes del editorial, al no haber intentado concitar algún apoyo de medios no “estrictamente catalanes”, tal y como demandaron desde la SER Angels Barceló y Carlos Francino o como se recogía hoy en el editorial de El País. Excluir a Radio Barcelona – la más antigua de España – por pertenecer al Grupo Prisa anuncia un “frentismo” a la par antiguo y torpe. Esta idea de que “los de Madrid no nos entienden” es un poco ridícula y más si tenemos en cuenta que numerosos profesionales de los periódicos catalanes son habituales en las tertulias de distintas cadenas de radio y televisión, y no parece que hayan sentido incompatibilidad ni incomprensión alguna hasta el momento, ni se les haya contagiado germen jacobino alguno.
Pero dicho esto, no es comprensible el follón que se ha montado desde algunos sectores con el mencionado editorial. Cómo es posible que Maria Dolores de Cospedal afirme que la iniciativa periodística es “una presión intolerable sobre el Tribunal Constitucional”, o que el director de El Mundo comente que “no es el papel de la prensa tratar de influir en el Tribunal”… valganos dios, después de tres años de editoriales, comentarios, opiniones, entrevistas, reportajes, avisos y contraavisos… ahora se habla de presiones a los magistrados que llevan meses y meses estudiando la modificación del Estatut en medio de un ruido ensordecedor. En un país con libertad de expresión, es lógico, y hasta saludable, que la prensa opine y, por supuesto, se posicione políticamente. La prensa ha de ser independiente, pero precisamente esa independencia es la mejor garantía para que puedan expresar ideas o pareceres sin dar lugar a escándalo.
El Estatut fue votado por los ciudadanos en tres ocasiones; dos de ellas por delegación, a través de sus representantes en el Parlament y en el Congreso de los Diputados y la tercera en Referendum. Por tanto, no cabe duda alguna, tampoco, acerca de la voluntad de la mayoría de la ciudadanía catalana en lo que concierne a la bondad – y presumiblemente a la constitucionalidad – del nuevo Estatuto. Pero más allá del deseo y la voluntad de las fuerzas políticas y los ciudadanos, es al Tribunal Constitucional a quien compete la última palabra sobre el encaje de la norma en el marco de nuestra Carta Magna. Y es a este Tribunal porque así lo hemos decidido, porque así lo quisimos y porque esa es la arquitectura institucional que construimos entre todos. De nada vale ahora poner en duda el papel de los magistrados o su legitimidad; ni es opinable ni discutible.
Pudiera darse la circunstancia de que la sentencia del Alto Tribunal fuera en la dirección opuesta a lo votado por los ciudadanos, pero en cualquier caso eso no puede ni debe hacernos dudar del terreno de juego que nos hemos marcado. Si no nos vale cambiémoslo, pero no por una u otra sentencia, sino porque tenemos otro marco mejor o más adecuado para nuestro futuro. Y eso a pesar de que tampoco es comprensible que los magistrados lleven tres años deliberando, entre continuas filtraciones, algunos con mandatos en prórrogas y con evidentes enfrentamientos entre ellos. Si los políticos deberíamos hacer un ejercicio de responsabilidad y de mesura, sus señorías deberían entender que una parte del crédito ciudadano de la más alta institución depende de su celeridad, su dedicación y su silencio.
Fue el Partido Popular el que decidió presentar el recurso de constitucionalidad del Estatut. Fue Mariano Rajoy el que decidió echar a rodar esta bola que ahora amenaza con aplastarle también a él. De nada valen los mítines y las convenciones en Barcelona si al mismo tiempo el PP no entiende que el Estatut es para los catalanes mucho más que el preámbulo y que convertir la palabra “nación” en la madre de todas las batallas no es más que avivar el frentismo, el sectarismo y los sentimientos endogámicos. El PP quiso ganar votos fomentando el sentimiento “anticatalán”, renunciando al papel que un gran partido debe jugar en una de las comunidades claves para España. Los ataques al tejido económico catalán (ver el lamentable episodio de Gas Natural), los airados comentarios contra el tripartito, el lamentable papel de los medios de la derecha, empeñados en que la ocasión merecía una “Cruzada”, no han hecho más que emponzoñar un debate que cada día se volvía más y más bronco. Tal vez el editorial de ayer tenga la virtud de obligarnos a parar esta rueda, a pensar y abrir espacios para que el debate gane enteros y pierda visceralidad. Todo, mientras sus señorías siguen deliberando….
