martes, 27 de mayo de 2008

LOS DINEROS DE LOS AYUNTAMIENTOS



Era de esperar. Tanto hablar de financiación autonómica y de nuevos modelos de reparto presupuestario y ni una palabra de refinanciación municipal; así que Pedro Castro, el Alcalde de los alcaldes, el Presidente de la FEMP ha recordado, contundentemente, que antes de ponerse con cuentas autonómicas conviene afrontar, de una vez, la necesaria financiación municipal. Que si no va de esta vez, los Ayuntamientos pueden encontrar modos y maneras de que el resto del “edificio del Estado” se dé cuenta de cuál es el peso que la gestión local tiene en la vida diaria de nuestros ciudadanos.

Castro, el casi mítico Alcalde de Getafe, cuenta con el apoyo practicamente unánime de quienes ostentan la alcaldía de ciudades y pueblos, de villas más o menos grandes, de los Ayuntamientos más pequeños y de las capitales de provincias y este apoyo no conoce, además, límites ideológicos. Enfrente, el Gobierno de España y las Autonomías; detrás, millones de ciudadanos que saben que la atención a domicilio de sus mayores, el alcantarillado, la luz que hay en su calle, el número de autobuses que pasan por su barrio, los baches de sus aceras o las actividades de las bibliotecas públicas tienen más que ver con la capacidad económica de su Ayuntamiento que con la identidad nacional o regional que tenga la Comunidada donde vive.

A lo largo de la historia de nuestra democracia, los municipios han sido los grandes olvidados de la financiación, pero han tenido que asumir, de buen grado o sin más remedio, gran cantidad de nuevas competencias, especialmente en los llamados servicios ciudadanos o de proximidad, vinculados al ámbito del bienestar, el empleo, la inclusión social, el deporte, la dependencia, las políticas de género, la cultura, la vivienda o la educación. Como explicaba Pedro Castro, buena parte de nuestra vida cotidiana, de la de nuestros hijos, de la capacidad de las familias para tener autonomía, vivir con una cierta calidad y optar a servicios modernos y eficaces han dependido de la asunción de las llamadas “competencias impropias”, cuyo nombre lo dice todo.

Mientras tanto, Gobierno de España y Gobiernos Autonómicos, han legislado, repartido, incrementado controles sobre los munícipes, puesto en tela de juicio su capacidad de gestión y la transparencia de la administración local, le han quitado capacidad recaudatoria, han faltado a sus compromisos de financiación (el ejemplo del Plan Concertado es paradigmático, formalizado para asumir a tercios los presupuestos dirigidos a la atención social básica y que apenas se incrementó el ipc en más de veinte años, mientras el precio de cada servicio subía exponencialmente) y han mirado para otro lado cada vez que aparecía una nueva necesidad ciudadana o una nueva demanda irrumpía en nuestro Estado del bienestar. Los municipios asumieron la resolución de las expectativas ciudadanas sabiendo que jamás a un ciudadano le ha importado “de quién es la competencia”, sólo quiere que sus impuestos sirvan para resolver sus necesidades.

Durante años la financiación municipal se ha ido relegando en el tiempo y los sucesivos Gobiernos de España han aplazado el desedado “pacto local”. Durante años, a las peticiones de presupuesto por parte de los poderes locales, se contestaba con el ejemplo de Ayuntamientos que no cobran los servicios que prestan (ni siquiera la recogida de basuras o el saneamiento) y que no han asumido la responsabilidad de recaudar los dineros que podrían, como si en las restantes administraciones no hubiera ejemplos de malas prácticas, también en el ámbito económico. Por cierto, una gran cantidad de estas críticas han llegado desde el ámbito autonómico, ese más acostumbrado a pedir y reclamar que recaudar y que aprovecha la mínima oportunidad para reducir los impuestos a particulares y empresas y entrar en una especie de “rivalidad en rebajas fiscales” sin demasiado sentido.

Pedro Castro ha sido tajante al explicar que sólo falta que mientras dos de los actores de la “cosa pública” se sientan a debatir cuánto toca a cada cuál y en base a qué criterios, se olviden ambos del tercero en discordia, el que garantiza dia a dia multitud de servicios, equipamientos y hasta derechos a los españoles vivan donde vivan.

Os propongo, para dejar claro sus razones que hagais el siguiente ejercicio; pensad qué cosas desaparecerían en Coruña si el Ayuntamiento decide dejar de asumir aquellas cuestiones que exceden de su competencia estricta: adiós al Forum metropolitano, adiós a las bibliotecas municipales, paralizadas la mitad de las actividades extraescolares de los Colegios Públicos, cerrados los Centros Cívicos (solo es competencia municipal la atención social básica), sin ayuda para las plazas del Centro de dia de la Sagrada Familia o de Alzheimer de San Diego, cerrados los polideportivos municipales y las escuelas municipales deportivas, ni hablar de los Museos Científicos, cero ayudas a la Cooperación Exterior, nada de Escuela municipal de música, ningún comedor municipal en Monte Alto, ninguna ayuda del Plan de Discapacidad (plazas en el Centro de dia de ADCOR, viviendas tuteladas, plan ocupacional del Centro Pascual Veiga o de AIND..), ninguna plaza en ninguna Escuela municipal infantil.. y así cientos de cuestiones... Por supuesto, ni hablar de Sinfónica, de conciertos (ni siquiera Dylan) o de becas de chavales para estudiar primero de bachiller en USA..

Son así las ciudades que queremos..?. Pues eso.

6 comentarios:

MNR dijo...

Desgraciadamente la política va generando sus propias demandas, no las que realmente surjen de la sociedad, o como dijo Felipe González, que hay cosas que solo le interesan a las élites políticas, y no a la gente de la calle.

Es curioso como ciertos Gobiernos Autonómicos, que se pasan el día hablando del excesivo centralismo (¿?) de la Administración General del Estado, luego siguen tratando a los Ayuntamientos como entidades completamente subordinadas, y en una relación jurídica e institucional que yo ya califiqué, en muchos casos, como no muy democrática (y puse de ejemplo el topónimo de esta ciudad).

Los países fuertes son aquellos que financian con fuerza a sus Ayuntamientos, porque son los que en primera instancia van satisfaciendo las necesidades inmediatas de los ciudadanos, y también aquellas que suponen la vanguardia en cuanto a servicios públicos se refiere. Aquellas en donde los grandes debates identitarios no tienen mucho sentido, y sí una idea de ciudadanía transversal que aglutina a todos y nos iguala de una manera absolutamente democrática.

Nuestros representantes en Santiago de Compostela fueron muy diligentes a la hora de aplicar normas desde el Parlamento de Galicia que incidían en áreas con impacto intrínsecamente municipal, espero que lo sean también para defender que los Ayuntamientos de Galicia tienen que aumentar el porcentaje que les corresponde de los Presupuestos.

Saludos. Miguel Nuñez.

Anónimo dijo...

Además la excesiva dependencia de los ayuntamientos respecto de la construcción va a llevar a situaciones realmente dramáticas en algunas ciudades.

Parece evidente que es imprescindible caminar hacia una mayor descentralización de lo recaudado vía impuestos (no de la capacidad normativa de los mismos, que conduciría a una escalada de la competencia fiscal que no lleva a ninguna parte) que tenga por protagonista a los ayuntamientos. De modo que, parte de lo recaudado en un ayuntamiento revierta en sus propias arcas y además, exista como en el caso de las CCAA, una especie de fondo de compensación que garantice la suficiencia financiera de los entes locales con menos medios.
Un abrazo
Ton

Alonso81 dijo...

Lo malo es que muchos piden y piden y luego lo gastan en cuatro cosas de las que tres no pueden disfrutar directamente sus ciudadanos...

Xabier Pita Wonenburger dijo...

La corrupción no es un fenómeno nuevo ni está circunscrito exclusivamente al ámbito de la Administración Local. Tampoco es exclusiva de España. En otros países también se habla de políticos y empresarios corruptos, de mafias, de auditorias de cuentas “apañadas” y de contratos públicos “amañados”, de dinero negro y de maletines. Por no hablar de aquellas naciones donde la corrupción es inherente al propio sistema político.


En el ámbito de la Administración Pública tampoco es algo uniforme, sino que incluye diversas variantes que irían desde las corruptelas propias de los burócratas (sobornos, cohechos, “mordidas”…), donde el beneficiario es el empleado público; hasta aquellas actuaciones que, previa la concertación de voluntades entre representantes políticos y corporaciones empresariales, conllevan la alteración de normas legales y reglamentarias, para el beneficio mutuo. Entre ambas, estarían los casos de incumplimientos de las normas de libre concurrencia en la contratación, competencia desleal, discrecionalidad en las subvenciones, información privilegiada sobre proyectos, etc.

En España, en las últimas décadas, se han dado todas estas variantes, pero la particularidad de los casos más reseñables y que han causado alarma social, son aquellos que tienen su origen en la misma causa: el poder corruptor que tiene el dinero fácil de la especulación urbanística. Por ello, y a diferencias de otros países, en España hablar de corrupción es hablar de urbanismo, del precio de la vivienda y de la especulación del suelo. Desde hace años, corrupción es sinónimo de “pelotazo urbanístico” y, desgraciadamente se asocia a alcaldes, a concejales y a técnicos de urbanismo, en razón a las competencias que en materia urbanística tienen los municipios.

Lo característico es que la política definida como del “todo urbanizable”, sustentada en la legislación urbanística impulsada por el Partido Popular, tanto en el Gobierno de la Nación como en Comunidades Autónomas como Madrid, Valencia o Murcia, ha tenido y tiene muy negativas consecuencias, al conformar un modelo urbanístico irracional, que posibilita más corrupción y que se caracteriza, entre otras, por un crecimiento desmedido de la ocupación de suelo; la urbanización dispersa del territorio; un excesivo protagonismo de los intereses privados en la gestión del planeamiento, con el consiguiente debilitamiento del urbanismo entendido como una función pública y un abandono del planeamiento supramunicipal.

Por ello, no puede extrañar que este problema haya ido ascendiendo en el nivel de preocupación de los españoles, y que en el reciente informe de la prestigiosa ONG Transparency International (“Indice de Percepción de Corrupción”, diciembre de 2007), España ocupe el 25º lugar en el mundo, habiendo retrocedido puestos desde el año 2004. Según los autores del informe, la corrupción urbanística es la causante de este retroceso de España, y que haya quedado relegada a los últimos puestos de los países de la Unión Europea, sólo por delante de Rumania, Grecia y Lituania.

La corrupción no sólo es un fenómeno delictivo, sino que también es un indicador de la calidad de cualquier sistema político y, en nuestro caso, de nuestra democracia. Así, tanto el mencionado informe de Transparency International, como la generalidad de los politólogos (Dahl, Lijphart, Villoria…), vinculan la ética en el sector público con la calidad de la democracia. No es exagerado afirmar que este nivel de corrupción ha afectado gravemente a nuestra democracia, cuando ya ha conseguido alterar la voluntad popular. No nos referimos sólo a la elección o reelección de mandatarios locales presuntamente corruptos, como ha ocurrido en las últimas elecciones municipales, sino a la vergonzosa repetición de las elecciones autonómicas en Madrid, en 2003. Hecho éste sin antecedentes en nuestro país, que activó todas las alarmas, y que puso en evidencia el peligro que entraña la corrupción para la propia existencia de la democracia.

Es obligado reconocer que a partir de ese momento los poderes públicos reaccionaron, y que la disolución del Ayuntamiento de Marbella debe entenderse en este sentido. Lo grave, es que al mismo tiempo que se disolvía por primera vez un ayuntamiento, se estaba reconociendo el absoluto fracaso de todos los sistemas de control político-administrativos existentes. Y por qué no decirlo también, cuestionándose el contenido y los límites de la autonomía política de las entidades locales.

No es objeto de este artículo analizar las causas del fracaso de estos sistema de control, sino que al hilo del examen de algunos hechos acontecidos en el Ayuntamiento de Madrid, -últimamente de plena actualidad por la trama de corrupción descubierta en su seno en el llamado caso “guateque”-, aportar ideas y posibles soluciones para evitar la reiteración de estas conductas delictivas.

Aunque en este último escándalo se han intentado crear cortinas de humo, buscando vínculos con prácticas supuestamente corruptas ocurridas en los años ochenta, la realidad demuestra que los casos más sonados, con actuaciones y condenas judiciales, se han producido bajo el gobierno del Partido Popular. Y la responsabilidad, en el ámbito político, por acción u omisión es de quien gobierna.

Durante el mandato del alcalde Álvarez del Manzano, se produjeron la escandalosa privatización de la funeraria municipal por 100 pesetas, - más de 15 años después habrá sentencia tras las Elecciones Generales -, y el caso “IMEFE”, donde ya han sido juzgados y condenados varios empresarios, y ahora se está en vísperas de hacerlo también para los cargos municipales del PP implicados en el fraude de los cursos de formación a desempleados. Entre tanto, saltó el caso de la cuenta ilegal del alcalde, saldada con una condena en el Tribunal de Cuentas y, cómo no, otro caso más de tráfico de licencias urbanísticas (caso “sauna paraíso”), o el caso Campo de las Naciones, el caso Ciudad deportiva, también en los tribunales.

Consecuencias de acuerdos adoptados bajo ese mismo mandado, y que ahora afloran en forma de fallos judiciales condenando otras “prácticas” ilegales, son las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulando todo el Presupuesto municipal del año 2002, por el desvío a otros fines no permitidos de los ingresos obtenidos por las ventas de parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo; o la más reciente, sobre las irregulares recalificaciones urbanísticas de los suelos en los PAU´s

Pero también, con Gallardón como alcalde, ya se han conocido casos colindantes con esta figura delictiva, donde se han visto implicados cargos políticos y de confianza. Son los casos de las contrataciones de obras en la Junta Municipal de Latina, con implicación de una concejala del Partido Popular y con diligencias abiertas en la Audiencia Provincial de Madrid; o la adjudicación de explotación de parquímetros a la empresa gallega Hixienes, propiedad de un dirigente del PP, amigo personal del concejal de gobierno adjudicatario del concurso, y también con denuncia que se está tramitando ante los tribunales. Y para no dejar de hablar de concejales, no podemos dejar de mencionar el caso Herráiz, que en medio del mandato y de la noche a la mañana, pasó de ser concejal y Delegado de Vivienda, a alto directivo en la inmobiliaria Rayet, grupo empresarial que tiene importantes intereses en la ciudad de Madrid.

Por último, -o por ahora-, en pleno caso “guateque”, ha saltado el nuevo escándalo del contrato de las pantallas de publicidad en las calles, donde también aparecen vínculos familiares entre directivos de la empresa adjudicataria y del Ayuntamiento. En este último caso, que el grupo municipal socialista llevará al Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento ya ha perdido 73 millones de euros por adjudicarlo a la peor oferta presentada, y puede perder otros 40 millones por la reubicación que habrá que hacer de muchas de estas pantallas mal instaladas. Y todo esto, en una administración municipal que en palabras de su propio alcalde, presume de la “excelencia en la gestión”, pero que a la vista de los resultados, de excelente sólo tiene la cuantía de los sueldos que cobran sus numerosos cargos de confianza.

Frente a estos casos y para evitar estas prácticas, son cada día más numerosas las voces que se alzan exigiendo soluciones y proponiendo medidas de choque, de distinta índole, incluidas el endurecimiento de las penas a los corruptos y la disolución de los ayuntamientos infractores. También, va siendo cada vez más evidente la necesaria reforma del gobierno local. Ya existen propuestas que cuentan con cierto consenso, aunque subsisten diferencias en cuanto a su materialización. Nos referimos, entre otras, a la necesidad de mejorar la financiación de las Haciendas Locales, a fin de evitar la excesiva dependencia de los ingresos por la venta de suelo público; a la participación de los municipios en los impuestos autonómicos, incluso a introducir nuevas figuras impositivas como sería el gravar la retención especulativa del suelo.

Donde más medidas se han adelantado, por entender que es el principal foco de la corrupción, es en materia urbanística. Y así, nos encontramos con propuestas que van desde el replanteamiento de todo el sistema competencial (restando atribuciones a los municipios a favor de las comunidades autónomas y el gobierno central), pasando por la creación de agencias autonómicas y una estatal de disciplina urbanística, hasta el hacer obligatoria la demolición de lo ilegalmente construido o edificado, junto a la fijación de sanciones fuertes y disuasorias. Conexas con estas, aunque de otro ámbito, serían la ampliación de las fiscalías anticorrupción y la creación de juzgados especializados en delitos urbanísticos. Por supuesto, aquí entraría la necesaria reforma legal para hacer efectiva la ejecución de las sentencias sobre delitos urbanísticos.

En el plano estricto del gobierno y la administración municipal, y al hilo de los casos antes mencionados de Madrid, avanzaríamos las siguientes medidas:

1º Un acuerdo entre las fuerzas políticas sobre un código de gobierno municipal, que permita una modificación legislativa en este ámbito, que introduzca criterios de gestión transparentes, que fomente la participación ciudadana, y que sirva de aviso claro y nítido a los posibles corruptos de que no se van a consentir estas prácticas. Acuerdo nacional al que deberían sumarse entidades corporativas y colectivos sociales directamente afectados (colegios profesionales, culturales, ciudadanas..) . Hablamos de potenciar el control público con los funcionarios y no aprovechar para continuar con carreras privatizadoras que siempre traen menos control y transparencia.

2º Ampliar el régimen de incompatibilidades para los cargos municipales, tanto en el período de mandato como a su finalización. Actualizar los derechos y deberes de los cargos públicos para evitar la sombra de sospecha que tiene una actividad tan noble como trabajar por y para el interés general.

3º Restituir las competencias de control de legalidad a los secretarios municipales, de forma que sea preceptivo su informe en todos los expedientes de contratación, convenios, etc. Recordemos que el anteproyecto de Ley de Capitalidad de Madrid, impulsado por el gobierno de Gallardón, planteaba que los cargos de secretario e interventor municipales no fueran desempeñados por funcionarios públicos, sino por cualquier otra persona designada por el gobierno municipal. Afortunadamente, y gracias a la oposición del grupo municipal socialista y del gobierno central, dicha propuesta no salió adelante.

4º Ampliar las competencias de las Comisiones Especiales de Control de la Contratación, de forma que también puedan examinar los convenios suscritos entre las administraciones y los particulares; así como dotarles de instrumentos para el control de la efectiva ejecución de los contratos y convenios. En la mayoría de las ocasiones, las pruebas que evidencian que estamos ante un caso de corrupción se obtienen en los trámites de la contratación (vínculos familiares, amistosos, políticos, formas de contratación, alteraciones de los baremos…); pero en otros casos, son en las irregulares ejecuciones o en los incumplimientos de contratos, donde se encuentran esas pruebas, y donde la corrupción provoca más daño a los intereses públicos. Por ello, además de esta ampliación de funciones, sería conveniente que una unidad de servicios internos pudiera depender exclusivamente de esta Comisión, a quien rendiría cuenta de sus actuaciones de comprobación.

5º En materia de licencias municipales deberían adoptarse diversas medidas tendentes, por una parte, a diferenciar entre las distintas actividades en razón a su afectación a la salud pública, peligrosidad o molestias a los vecinos, de forma que pudieran ser tramitadas de forma diferenciada unas de otras; y de otra, simplificar los trámites administrativos en general, empezando por mejorar la información al ciudadano del estado de la tramitación de su solicitud. Hoy, los procesos informáticos permiten esa información y transparencia en la gestión, y no facilitarla es consentir la pervivencia de prácticas corruptas.

6º De forma similar a la figura del Defensor del Contribuyente, incluso asumiendo las funciones que realiza éste para evitar duplicidades, en los grandes municipios debería crearse la del Defensor del Vecino, siendo su titular una persona de reconocido prestigio e imparcialidad, nombrado por el Pleno de la Corporación, previo consenso de los grupos municipales.

En resumen, estas y otras muchas más propuestas pueden y deben estudiarse para poder afrontar con garantías la lucha contra la corrupción en la administración local. En cualquier caso, sean cuales fueren las medidas que se adopten, entendemos que deberían serlo en el marco de una “estrategia global y multidisciplinar”, tal como ya recomendaba para España, en el año 2003, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Por nuestra parte, entendemos que la mejor estrategia es empezar por alcanzar el citado acuerdo.

Mientras, pueden valer actuaciones como las realizadas por los alcaldes socialistas y el Partido Socialista de Madrid antes de las Elecciones Municipales de 2007, donde adquirieron el compromiso de tomar medidas que mejoren la transparencia y consoliden un mayor nivel de exigencia ética. Entre ellas: realizar una auditoria urbanística sobre el grado de cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana, que haga aún más transparente su gestión; hacer públicos los bienes e intereses de los cargos públicos al inicio y final de mandato; actuar con firmeza y rigor en todo lo referente al régimen de incompatibilidades; ningún Alcalde o cargo público, con responsabilidades en materia urbanística, participará, ni de forma directa ni indirecta, en empresas vinculadas al urbanismo o al sector inmobiliario que actúen o hayan actuado en el ámbito territorial por el que fueron elegidos.

Quienes se corrompen empañan la vida política de nuestro país y la confianza de la ciudadanía en unos cargos públicos que, en su gran mayoría, actúan conforme a la ley y las normas de la ética. Frente a la corrupción debemos estar todos, sin excusas y sin ambages. Debe actuar la justicia, pero también, y con inmediatez, los propios partidos.


Oscar Iglesias.

Presidente del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid

http://www.oscariglesias.com/

Artículo publicado en la Revista Temas para el Debate, en febrero de 2008.
Autorizada por el autor su reproducción.

el lalinense errante dijo...

estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Oscar Iglesias.
Para dar mas autonomia a los concellos hay que cambiar la Ley de bases de regimen local,para tener mucho mas control de los alcaldes.
En mi pueblo,si le damos mas dinero y mas poder al alcalde que tenemos ahora, nos hipoteca de por vida, Porque es un Megalomano y solo quiere obras caras y ostentosas para satisfacer su ego.
Sería bueno que se reformase la financiacion de los ayuntamientos, pero no se puede hacer sin tomar primero medidas de control.
Alberto de Lalín.

Mar Barcón dijo...

Me ha parecido muy interesante el artículo de Oscar Iglesias que nos ha reproducido Xabier, y las aportaciones de los demás invitados en este tema, pero permitidme ejercer una cierta provocación... Veamos...
* Cuando se dice que los casos de corrupción urbanística han hecho replantearse las competencias muncipales, os pregunto: alguien piensa de verdad que es posible la recalificación de grandes superficies, la venta de patrimonio municipal por cuatro perras, la enajenación de bienes públicos sin nada a cambio, la concesión de licencias a actividades lucrativas a miembros electos de partidos políticos o la aprobación de planes parciales con decisiones como la ocupación de zonas verdes por residencial sin la CONNIVENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DIRECTA Y CÓMPLICE DE OTRAS ADMINISTRACIONES?. De ninguna manera. Nada de lo qeu apsó en Marbella o de los casos que Oscar cuenta en su artículo son POSIBLES SÓLO CON LA APROBACIÓN MUNICIPAL!. Para aprobar una modificación de planeamiento hace falta la administración autonómica, para desafectar una zona verde pasar la Comisión superiro de Urbanismo (también autonómica), para vender patrimonio o firmar determinadas licencias la aprobación del Secretario Municipal y para la mitad de los casos descritos la complicidad de abogados y jueces.

* Cuando se habla de escándalos desde los Aytos en la gestión o en las concesiones de servicios públicos por qué no se mide por el mismo rasero la multitud de empresas mixtas, fundaciones, consorcios, agencias, institutos y un largo etcétera que han creado las adminsitraciones autonómicas en estos años. Hay comunidades con TODO semiprivatizado, con la gestión más indirecta del mundo, pero resulta oiga, que NADIE les acusa de corruptos.. si acaso de ineficaces.

* Si la corrupción es un fracaso de la democracia no la vinculemos sólo a un sector económico ni a una administración. Insisto. Como concejala de urbanismo puedo aseguraros que NINGUNA MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO es posible sin que OTRA ADMINISTRACIÓN lo informe favorablemente (y creedme que estudian cada una de ellas con cierta calma). Uno no es corrupto por concejal, ni siquiera por estar "más cerca de la tentación", sino porque es corrupto y ya está.

Otra cosa son las burradas como la de Ourense. Sencillamente cambiaron los planos. Aprobaron una revisión del Plan General cuyos planos no se correspondían con los que se habían expuesto a información pública. Pero eso no es corrupción.. es chapuza, y de las más llamativas...