YPF

Allá por finales de los noventa Repsol extendía su espacio de influencia de manera exponencial al adquirir el 57% de YPF por algo más de 13 mil millones de euros. Esta adquisición le permitió a la petrolera española doblar su producción y sus reservas y le ha aportado un tercio de sus beneficios anuales. La operación se llevó a cabo cumpliendo las condiciones impuestas por el gobierno argentino, facilitando, incluso, la incorporación al accionariado de la familia Eskenazi para asegurar una presencia local que sirviese de coartada social al propio gobierno, frente a las aceradas críticas que la venta de YPF había suscitado.

Durante estos años Argentina ha ido disminuyendo su producción de crudo y la balanza energética del país se convirtió en negativa. Repsol-YPF representan menos del 40% de esta producción y no alcanza el 30% si hablamos de gas, aunque para la operación expropiatoria el gobierno austral ha intentado que la concesión aparezca como la responsable de este déficit energético, del supuesto “expolio”. El 7 de noviembre de 2011 Repsol realizaba un anuncio de enorme trascendencia: se había localizado un nuevo yacimiento; en la formación denominada Vaca Muerta, con una extensión de unos 30 mil kilómetros (como Galicia, aprox) existían reservas llamadas a convertir al país en autosuficiente. Y ahí comenzó su desgracia.

Desde aquél anuncio los desencuentros entre la petrolera y el gobierno de la señora Kirchner han sido continuos. Expedientes masivos y repentinos, rumores, artículos en los medios de comunicación y una metódica operación de derribo y descrédito –dicen que dirigida por el joven Viceministro Alex Kicillof- de la empresa, salpicada con alusiones al difunto Presidente – “él siempre soñó con devolver YPF al pueblo”, dijo su viuda estos días atrás- obviando el hecho de quienes habían sido responsables de la venta de la empresa.

El paso dado por Cristina Fernández poco tiene que ver, pues, con la defensa de la nacionalización de los recursos energéticos. Tanto ella como su marido defendieron la operación de la venta durante años y, dicen, obtuvieron sustanciosos beneficios privados en la misma. La operación tiene más que ver con la existencia del nuevo yacimiento, con la debilidad política de Kirchner en su entorno –su único amigo fiel es Chávez- y con las dificultades que puede estar pasando el país pese a las cifras de crecimiento. La coincidencia con la “mini crisis” de las Malvinas demuestra la necesidad gubernamental de contar con un elemento que galvanice el sentimiento patrio, previniendo los malos tiempos.

Kirchner ha dado un paso de consecuencias imprevisibles. Las críticas con las que se ha recibido la medida en los medios económicos puede presagiar las dificultades que Argentina tendrá para mantener y atraer inversiones extranjeras. Nada provoca mayor temor a las empresas que la inseguridad jurídica. Las críticas de medios locales como Clarín o La Nación demuestran también que el crédito de la Presidenta y su Gabinete ha menguado de manera considerable y la huida hacia adelante que parece intuirse para los próximos tiempos podría resultar demoledora para un país grande, rico, con población formada y situado en una región en plena expansión. Si Argentina no resulta fiable, Brasil, Colombia, Chile o Perú recogerán dividendos.

Consciente de los riesgos, Cristina Fernández ha intentado minimizar el impacto de la medida, o al menos limitarla al objetivo buscado: Repsol. Así, el Decreto de Expropiación excluye de la misma el porcentaje propiedad del Grupo argentino Petersen y, por supuesto, el 17% propiedad de fondos de inversión, mayoritariamente norteamericanos, con lo que se ha garantizado la tibieza del Gobierno Obama. La surrealista comparecencia de los miembros del Gobierno argentino explicando la decisión, capitaneados de manera informal por el “emergente” Viceministro siguió cuidadosamente el guión de centrar las críticas y objetivar el adversario “nacional” en la petrolera española, evitando generar una reacción en cadena.

Así pues, el Gobierno Fernández tenía un plan y lo siguió escrupulosamente y ahora la pelota está en el tejado de los organismos internacionales que deberán poner precio a la voluntad de la señora Presidenta. A todas luces una decisión tan torpe como arriesgada. Dicho esto, conviene examinar también la actitud propia de los responsables españoles. La expropiación del 51% de YPF parece haber cogido por sorpresa al Gobierno de España, si bien desde hace meses estaba en el ambiente. El Ministro Soria explicaba, apenas unas horas antes del anuncio, que la crisis estaba “encauzada”. El desconcierto mostrado en algunos momentos por el Ministro Margallo y la ausencia de medidas concretas hasta el momento obligan a preguntarnos si el Gobierno Rajoy tiene ya una estrategia definida y si la misma se desvelará a partir del próximo Consejo de Ministros.

Cuáles son las medidas que tomará el Gabinete español?, y más allá del caso concreto de Repsol, hay una “barrera de protección” para los intereses de las restantes empresas españolas ubicadas en Argentina, ante el presumible enrarecimiento de la situación?. De fondo, cómo no, el debate sobre las privatizaciones de las empresas energéticas, también en España, debate recrudecido por el alza de los precios y la escasa percepción de los “retornos” económico o sociales de estas empresas que un día fueron públicas y que ahora enriquecen a unos pocos y defienden intereses - a menudo- ajenos a los de los ciudadanos. Tal vez, más allá de la incontinencia gestual de la señora Fernández, no es mal momento para debatir sobre la participación pública en empresas estratégicas.