ADIÓS A LA SANIDAD

La frase tantas veces repetida en los últimos meses se ha convertido hoy en una dolorosa realidad. “El PP aprovecha la disculpa de la crisis para demoler el Estado del Bienestar”. Tantas veces se ha repetido esta idea que es más que posible que muchos ciudadanos pensasen que no era más que demagogia o el desesperado ataque de quienes habíamos perdido las elecciones frente a las medidas de Rajoy. Hoy, con seguridad, una vez recuperados de la taquicardia deportiva,  media España se quedará sin respiración cuando se dé cuenta de que la sanidad pública, aquella “joya de la corona”, aquél pilar del que tan orgullosos estábamos, ha pasado a mejor vida, cuidadosamente amortajada en el BOE. Hoy, el Gobierno del PP ha consumado un ataque sin precedentes dirigido a cambiar un modelo universal, público y financiado con los presupuestos públicos por otro que ofrece prestaciones sanitarias distintas según sea la situación laboral y hasta la edad de los españoles.

Porque es ahí donde está el quiz de la cuestión: esta reforma no tiene tanto que ver con la austeridad o el déficit como con el hecho indudable de que se ha cambiado un modelo aprobado y consensuado desde 1986 – con la aprobación de la Ley General de Sanidad- por otro desigual y con una inercia que indica que las cosas sólo van a ir a peor. El PP ha decidido modificar el elemento clave de la sanidad pública, la equidad ante las prestaciones sanitarias, y lo ha hecho con la disculpa de la crisis y mezclando en el debate el gasto farmacéutico – la parte de la sanidad en la que ya existían diferencias entre usuarios, tanto entre CCAA como por situaciones económicas: desempleados, pensionistas..- , la atención a extranjeros en situación irregular o un supuesto “almacenamiento de fármacos” por parte de los pensionistas.. Todo se ha hecho para evitar el debate e incluso la información ciudadana respecto al hecho cierto de que hoy ha desaparecido la sanidad pública tal y como la conocimos – y como la construimos-. 

Porque, dígase con claridad, si el Ministerio y las CCAA quieren evitar el almacenamiento de fármacos y el mal uso de los mismos, tienen en su mano sobrados elementos para hacerlo: la receta electrónica, que permite dispensar sólo el número de envases precisos en crónicos; las negociaciones con las empresas farmacéuticas para que adapten los envases a la posología  y dotar de la formación adecuada del personal sanitario y farmacéutico para evitar la sobre-medicación. Por cierto, en este Decreto de recortes hay una curiosa – aunque coherente con el modelo sanitario del PP- cesión a los grupos farmacéuticos: tras todo el ruido hecho con el catálogo de genéricos, resulta que se vuelve a la prescripción por marca en algunos casos.

Si el Gobierno quiere evitar el “turismo sanitario” sólo debe aplicar de manera adecuada la Directiva europea que rige la atención sanitaria en otro país o atenerse a los convenios internacionales entre Estados. Y si quiere evitar la inmigración irregular, podrá exigir que se dé cuenta de las personas atendidas que no contaban con la documentación precisa; dejar sin atención primaria a seres humanos por una situación administrativa irregular es tan indigno como estúpido: la medida terminará saturando las urgencias hospitalarias y castigando al sistema precisamente donde más sufre las ineficiencias. Por cierto, la atención primaria a irregulares, en términos económicos, significa un porcentaje ridículo del traído y llevado déficit sanitario. 

Pero hoy no se ha hablado sólo de irregulares o de gasto farmacéutico. No. Hoy se ha aprobado, por ejemplo, que los mayores de 26 años, españoles todos - y hasta cristianos viejos, algunos – que no hayan cotizado – opositores, universitarios, personas que no hayan conseguido su primer empleo…-  habrán de entrar en el cupo de las personas sin recursos y, por tanto,  sólo podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial en el que el Estado deberá reconocerles como “personas sin recursos”… incluso, claro, aunque sus padres sean millonarios.. Son ese tipo de tonterías que terminan aprobándose cuando un gobierno empieza las demoliciones. 

España camina, de la mano del PP, a un cambio en los sistemas públicos que han garantizado cierta equidad durante décadas y que han permitido acceder a la educación superior o a una sanidad de primera a personas que jamás hubieran podido hacerlo sin la aportación pública. La igualdad de oportunidades o, lo que es lo mismo, que las posibilidades de curación o de formación de un ciudadano no dependan de que su familia tenga dinero, es el eje sobre el que se han desarrollado las sociedades que más han progresado. 

Pero además, desde el punto de vista estrictamente económico, es un grave error modificar estos sistemas públicos. Países tan poco sospechosos de socialismo como USA se ven obligados a invertir cantidades ingentes en una sanidad paliativa y, finalmente, han tenido que aprobar una reforma del sistema que costará centenares de millones de dólares. Por si el dato asistencial fuese insuficiente, baste recordar lo que la sanidad supone en términos del PIB, de valora añadido, de generación de patentes, de investigación y de aportación tecnológica. También en términos de innovación empresarial estamos cegando el futuro.

Esta misma mañana, el investigador Pedro Alonso, una de las máximas autoridades en la lucha contra la malaria, recordaba los beneficios de la inversión en sanidad y en cooperación: “La aportación española a la prevención de la malaria ha salvado cien mil vidas”. A quien no le muevan estas cifras debería moverle el hecho de que la sanidad – interior y exterior- genera empleo, innovación y dividendos.. Ah!, y, de paso, nos cura. O nos curaba…