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Un mes, una semana y un día; este ha sido el tiempo que Gobierno y agentes sociales han empleado en alcanzar un acuerdo extremadamente difícil a pesar de que todos lo consideraban necesario y sellado, al fin, la pasada madrugada. Desde que el pasado 18 de diciembre el Presidente Zapatero se reuniese con los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Gobierno y sindicatos tuvieron claro que estaban ante una oportunidad – quizás la última esta Legislatura – que ninguno podía rechazar. Conscientes todos de la excepcionalidad del momento, también lo eran de que una parte sustancial de su crédito ante los ciudadanos dependía de su capacidad a la hora de cerrar el gran pacto social que la sociedad demandaba.
Cambios en el Gobierno, una precisa elección de quien había de dirigir el Ministerio de Trabajo, la presencia constante de los “pesos pesados” del Gabinete y la negociación directa del Presidente Zapatero dan idea de la trascendencia del acuerdo. Por el bando sindical, una vez más Méndez, Toxo y las cúpulas de ambas organizaciones han exhibido las mejores dotes para el consenso y demostraron cuan injustas y gratuitas son algunas críticas que sólo intentan desacreditar la interlocución social de quienes han sido y son elementos esenciales en un país democrático. Los empresarios tampoco quisieron quedarse atrás y, a diferencia de otros momentos, evitaron situarse en una posición extrema, facilitando que se alcanzase un acuerdo del que ellos salen también beneficiados.
Es obvio que Europa miraba recelosa el proceso negociador y no lo es menos que la variación en la edad de jubilación se situó desde el primer minuto en el centro del disenso. Pasar de los 65 a los 67 años como edad de referencia parecía inevitable para los unos e intolerable para los otros. A la vista está que ambos han recorrido un trecho sustancial en busca de una posición común. La sostenibilidad del sistema público de pensiones estaba en cuestión y garantizarla era una tarea en la que nadie que dijese defender los derechos sociales, podía faltar. La pirámide demográfica, el contexto económico actual y previsible para la próxima década, el incremento incesante de la esperanza de vida, la revalorización de las pensiones contributivas y no contributivas, la elevación en los derechos adquiridos por una parte importante de la sociedad y el entorno económico y financiero hacían imprescindible que España se uniera a las reformas que los restantes países europeos tienen también en marcha. No se trata, contra lo que muchos señalaban, de poner en cuestión un sistema de pensiones público y favorecer planes privados sino, bien al contrario, de preservar la solidez del modelo actual y por tanto protegerlo frente a veleidades liberales.
Es cierto que, como señaló Navarro en distintos artículos, las previsiones demográficas y económicas en las que se basó la revisión del 95 no fueron todas exactas, pero no lo es menos que parece poco probable que vivamos en los próximos diez años una explosión demográfica similar a la protagonizada por la inmigración en los años expansivos y, en todo caso, si varían las circunstancias el Pacto de Toledo permite perfectamente adaptar el modelo a las mismas con tal de garantizar su sostenibilidad. Cierto que el superávit del sistema en un año tan malo para el empleo como el 2010 habla de la solidez del mismo, pero por ello resulta tanto más importante seguir fortaleciéndolo a largo plazo.
En definitiva, las condiciones de jubilación pactadas (38,5 años de cotización se precisarán para cobrar la pensión total a los 65 años y sólo 37 años si se llega a los 67) parecen similares a las condiciones en el resto de Europa; por ejemplo en Francia la jubilación a los 62 sólo se cobra completa tras 41 años de cotización, lo que implicaría comenzar a cotizar a los 21 años, algo improbable en España. Las medidas novedosas como la cotización por el período de cuidado de hijos o los becarios, redundan en mejores condiciones para aquellos sectores que peor lo tienen: empleo femenino y juvenil; el mantenimiento de los 400 euros como un derecho subjetivo vinculado a un itinerario es, sin duda, un avance y la reforma de las políticas activas de empleo mejorará la utilidad de los servicios públicos de empleo. Por tanto, ha valido la pena esperar, negociar, reunirse, hablar y renunciar a apriorismos. La sociedad exigía algo más que palabras o gestos, exigía demostrar que quienes tienen la legitimidad de las urnas y la interlocución social saben y pueden estar a la altura de lo que se necesita. Finalmente,una vez más, bienvenido Jesús Caldera.. evidentemente, un hombre que trae suerte…
Cambios en el Gobierno, una precisa elección de quien había de dirigir el Ministerio de Trabajo, la presencia constante de los “pesos pesados” del Gabinete y la negociación directa del Presidente Zapatero dan idea de la trascendencia del acuerdo. Por el bando sindical, una vez más Méndez, Toxo y las cúpulas de ambas organizaciones han exhibido las mejores dotes para el consenso y demostraron cuan injustas y gratuitas son algunas críticas que sólo intentan desacreditar la interlocución social de quienes han sido y son elementos esenciales en un país democrático. Los empresarios tampoco quisieron quedarse atrás y, a diferencia de otros momentos, evitaron situarse en una posición extrema, facilitando que se alcanzase un acuerdo del que ellos salen también beneficiados.
Es obvio que Europa miraba recelosa el proceso negociador y no lo es menos que la variación en la edad de jubilación se situó desde el primer minuto en el centro del disenso. Pasar de los 65 a los 67 años como edad de referencia parecía inevitable para los unos e intolerable para los otros. A la vista está que ambos han recorrido un trecho sustancial en busca de una posición común. La sostenibilidad del sistema público de pensiones estaba en cuestión y garantizarla era una tarea en la que nadie que dijese defender los derechos sociales, podía faltar. La pirámide demográfica, el contexto económico actual y previsible para la próxima década, el incremento incesante de la esperanza de vida, la revalorización de las pensiones contributivas y no contributivas, la elevación en los derechos adquiridos por una parte importante de la sociedad y el entorno económico y financiero hacían imprescindible que España se uniera a las reformas que los restantes países europeos tienen también en marcha. No se trata, contra lo que muchos señalaban, de poner en cuestión un sistema de pensiones público y favorecer planes privados sino, bien al contrario, de preservar la solidez del modelo actual y por tanto protegerlo frente a veleidades liberales.
Es cierto que, como señaló Navarro en distintos artículos, las previsiones demográficas y económicas en las que se basó la revisión del 95 no fueron todas exactas, pero no lo es menos que parece poco probable que vivamos en los próximos diez años una explosión demográfica similar a la protagonizada por la inmigración en los años expansivos y, en todo caso, si varían las circunstancias el Pacto de Toledo permite perfectamente adaptar el modelo a las mismas con tal de garantizar su sostenibilidad. Cierto que el superávit del sistema en un año tan malo para el empleo como el 2010 habla de la solidez del mismo, pero por ello resulta tanto más importante seguir fortaleciéndolo a largo plazo.
En definitiva, las condiciones de jubilación pactadas (38,5 años de cotización se precisarán para cobrar la pensión total a los 65 años y sólo 37 años si se llega a los 67) parecen similares a las condiciones en el resto de Europa; por ejemplo en Francia la jubilación a los 62 sólo se cobra completa tras 41 años de cotización, lo que implicaría comenzar a cotizar a los 21 años, algo improbable en España. Las medidas novedosas como la cotización por el período de cuidado de hijos o los becarios, redundan en mejores condiciones para aquellos sectores que peor lo tienen: empleo femenino y juvenil; el mantenimiento de los 400 euros como un derecho subjetivo vinculado a un itinerario es, sin duda, un avance y la reforma de las políticas activas de empleo mejorará la utilidad de los servicios públicos de empleo. Por tanto, ha valido la pena esperar, negociar, reunirse, hablar y renunciar a apriorismos. La sociedad exigía algo más que palabras o gestos, exigía demostrar que quienes tienen la legitimidad de las urnas y la interlocución social saben y pueden estar a la altura de lo que se necesita. Finalmente,una vez más, bienvenido Jesús Caldera.. evidentemente, un hombre que trae suerte…
1 comentario:
Como dice C Carnicero, los ciudadanos, en contra de lo que crees no son idiotas y saben percibir una tomadura de pelo. Y es una tomadura de pelo exigir 38,5 años de cotización para percibir la jubilación completa en un universo del 48 por ciento de paro juvenil y en donde un desempleado de más de cincuenta años es casi imposible que vuelva a encontrar trabajo. ¿La reforma de las pensiones se ha hecho para marcianos? ¿Qué pasa con las mujeres que se han incorporado tarde al mercado laboral, que presumiblemente tendrán interrupciones para cuidar a sus hijos en un universo en que la conciliación familiar es prácticamente imposible y en donde las guarderías son escasas? Sin inversión social, no hay crecimiento demográfico y sin este no hay masa laboral. Nadie piensa en invertir la pirámide de población o en frenar la desaceleración del crecimiento demográfico con políticas de inversión social.
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