Lo que tienen las proposiciones generalistas es que es difícil estar en desacuerdo con ellas, pero al mismo tiempo suelen tener alguna dificultad para significar algo concreto, tangible, real... Así, resultaría practicamente imposible encontrar a alguien, en esta Galicia del siglo XXI que se mostrara contraria a “mejorar y dignificar la vivienda de todos los gallegos”. Necia sería la persona que argumentara contra esta gran causa o que pusiera ni siquiera un pero a este objetivo que honra a quien lo enuncia.
Lo que ocurre es que la cosa se complica cuando bajamos de lo general a lo particular y se trata de concretar en medidas aquello que parecía una máxima común a la humanidad. Es más fácil estar de acuerdo en los grandes – y buenos- propósitos que encontrar el camino adecuado para señalar la dirección exacta por donde alcanzarlos. Mucho más difícil si hay que hacerlo desde la Administración...
Algo así pasa con el Decreto del Hábitat. No parece sencillo encontrar una sola voz que niegue la mayor: es obvio que todas las medidas que se tomen para mejorar la calidad de los espacios dedicados a la vivienda, su habitabilidad, su accesibilidad y las condiciones de ornato, deben ser saludadas desde cualesquiera de los ámbitos implicados. Arquitectos, promotores, urbanistas, políticos, comunicadores... Todas las voces del sector parecen coincidir en la bondad de esas decisiones, aunque existe una importante divergencia a la hora de contestar a algunas incógnitas no menores: cómo?, con qué instrumentos?...
Cómo?. Es indispensable hacerlo desde el consenso de todos los actores implicados: profesionales de la edificación, tejido empresarial, administraciones locales.. En definitiva todos los que en ello tienen responsabilidades y que deben poner en marcha los procesos adecuados para que las reformas se lleven a cabo a la mayor brevedad posible y con el menor coste posible para la ciudadanía y el mayor beneficio para el país.
Un breve repaso a las enmiendas y observaciones presentadas por los colegios profesionales o por las asociaciones de pormotores de la edificación y de la obra pública, así como las diferentes comunicaciones desde los departamentos de Disciplina urbanística de los Ayuntamientos ponen de manifiesto el escaso entusiasmo con la propuesta técnica y las numerosas dudas a las que deberá dar respuesta la Comisión Consultiva. Quizás se echó de menos una mayor reflexión jurídica y un esfuerzo en la comprensión de los argumentos técnicos que se hicieron desde distintos ámbitos, poco sospechosos, además, de deslealtad con el Gobierno gallego.
Con qué instrumentos?. Nada impide hacerlo a través de un Decreto, obviamente. La única cuestión es que tiene un influencia directa en los planeamientos por tanto, no es ese el camino adecuado. Porque esa es la principal dificultad de este Decreto, que además de indicar tamaños de puertas, dimensiones de estancias y soleamientos interviene en los planeamientos – en vigor y los que están siendo revisados- , incluso abocando solares ya consolidados a posibles cambios de uso – si fuera imposible la aplicación del decreto- cuestión reservada al PGOUM, a no ser que se pretenda una norma en la que serán una inmensidad las excepciones recogidas en los anexos. Y es imposible, jurdídica, administrativa y políticamente que se modifique un Planeamiento con un Decreto que, además, no se apoya en ninguna Ley.
Las medidas del Decreto empezarán a notarse, aproximadamente, en dos o tres años y antes tendremos ya oportunidad de comprobar las recogidas en el Código técnico de Edificación, que producirá una mejora sustancial en la habitabilidad y en la eficiencia energética del conjunto de la edificación.
Durante este tiempo comprobaremos cómo se pueden solucionar las colisiones inevitables entre el Decreto y los Planes Generales. Estos efectos hubiera sido deseable resolverlos con antelación, evitar inseguridades jurídicas y administrativas y clarificar la dudosa aplicación en una parte no menor de nuestros barrios y nuestras ciudades.
Seguramente faltó “cintura” para que el dialogo se concretara en mejoras muy necesarias en el Decreto, para evitar enfrentamientos y caer en el absurdo que las medidas se defiendan a capa y espada sólo desde la Consellería y desde algunos sectores que no tendrán ninguna responsabilidad en la puesta en marcha de las mismas pero reciba críticas incesantes desde aquellos que deberán asumir la renovación, tanto desde la empresa, el campo profesional y la administración.
Legislar es también dialogar a través de los instrumentos normativos. Este diálogo es tanto más importante cuando el fin que se propone está dirigido a mejorar el bienestar de la ciudadanía a través de algo tan importante como su vivienda. Debemos evitar que los árboles nos impidan ver el bosque, pero para ello el punto de partida debiera haber sido otro. Ahora, en todo caso, queda remar todos en la misma dirección, la de la calidad de vida, la mejora de nuestras ciudades y aplicarnos a que el proceso de implementación del propio Decreto sea rápido, eficaz y juridicamente seguro.
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