TRANSFUGUISMO

En el Auditorio de Gondomar donde el martes se celebró el Pleno para votar la Moción de censura, había centenares de personas gritando, silbando y acudiendo impotentes a un nuevo espectáculo servido por la conjunción perfecta entre la miseria humana y la desvergüenza política. Seguramente, los más dolidos eran los que ayer algún medio denominaba “pedazos socialistas”, la militancia de un partido centenario que se siente incapaz de comprender por qué a algunas personas les es tan fácil traicionar a su partido, las siglas, la historia, la voluntad ciudadana y a sus compañeros y compañeras.

Cada vez que se repite uno de estos lamentables capítulos, me pregunto cómo la democracia no ha encontrado una fórmula capaz de librar a las instituciones de gobiernos surgidos al amparo de la corrupción, la ambición personal y el desprecio absoluto a las reglas del juego. Cierto es que mucho se ha avanzado, con la firma del Pacto Antitransfuguismo, pero no es menos cierto que todavía quedan miserables dispuestos a venderse, siempre que haya un partido político que los compre.

Y ahí está el quid de la cuestión, el nudo que hay que desatar para terminar con esta lacra que todavía mancha nuestra historia democrática y que no siempre recibe el castigo merecido. La solución la tienen los partidos políticos, con valentía, con decisión y sin trampas. Porque los tránsfugas son personas y siempre habrá en este mundo una persona capaz de corromperse, de faltar a su compromiso, de traicionar a su gente; por tanto, es imprescindible que ninguna formación política los ampare, que ningún partido tolere que uno de sus concejales se convierta en alcalde con el voto de quienes se venden por treinta – o cuarenta – monedas.

Debe ser desde el Pacto Antitransfuguismo desde donde los partidos políticos blinden a la democracia frente a aquellos que no merecen representar a nadie. Habida cuenta de que el acta es propiedad de la persona, ha de haber un acuerdo solvente, serio y continuado, más allá del interés de cada momento o de cada caso, que nos permita establecer un frente común contra los tránsfugas. No deben gobernar, no deben tener la capacidad de decidir el futuro de nuestros municipios y no pueden condicionar nuestras instituciones.

Mos, Abegondo, Trives o Gondomar son una historia permanente de miserias individuales pero también de amparo político desde el Partido Popular de Galicia. En todos y cada unos de estos casos, quien estaba dispuesto a ponerse en venta encontró comprador.. Siempre el mismo comprador. Con toda seguridad, ninguna de las personas que protagonizaron los escándalos tendrán recorrido político; en esto ha habido siempre algo de “justicia divina” y quienes en su dia se convirtieron en triste noticia para la democracia no han durado ni en las instituciones ni sus cálculos iniciales se cumplieron (dónde están Tamayo y aquella otra fenómeno?).

No cabe decir lo mismo de quienes son beneficiarios de la moción que, en más ocasiones de las que debiera ser, logran a veces sobreponerse al mal nombre y mantenerse o incluso sacar mejor resultado con posterioridad (ver el caso de Carral, por ejemplo, o el propio de Esperanza Aguirre). En otras ocasiones, el pueblo no olvida la traición y apoya a quien fue traicionado: a Xerardo Estévez le desalojaron de Raxoi con una moción de censura; lo siguiente fue su mayoría absoluta.

Pero más allá de quién gane, pierde la democracia, pierde la verdad, pierden los ciudadanos, pierde la legitimidad de las instituciones. Y el PP no debería seguir permitiéndolo.