NOVACAIXAGALICIA

En el año 2004 entré en el Consejo de Administración de Caixa Galicia, representando al Ayuntamiento de Coruña. Sustituí en aquél momento a Méndez Romeu, tras su nombramiento como Secretario de Estado del primer Gobierno de Zapatero. Durante año y medio formé parte de la Comisión Delegada e intenté seguir con atención la información que semanalmente nos trasladaban los gestores, en un momento en que las Cajas entraban de lleno en el mercado inmobiliario mientras una parte de los Bancos internacionalizaban su negocio.
Anualmente la Caja era auditada, siempre con informes favorables ratificados todos y cada uno de ellos por el Banco de España. Eran los momentos de expansión y el negocio se incrementaba al mismo ritmo que la plantilla y las inversiones. En 2005 entró en el Consejo de Administración Salvador Fernández Moreda representando al Ayuntamiento – la Diputación no tiene representante-, tras la asunción, por parte de Caixa Galicia de la gestión del Teatro Colón. Desde el Gobierno municipal y la dirección de la Caja se pactó que yo permaneciese en el Consejo formando parte de la representación de entidades sociales. No era la primera vez que se procuraba una salida de este tipo y Caixa buscaba que hubiese una presencia política que tuviera relación con la representatividad en las instituciones en aquél momento (el PSOE gobernaba la ciudad, la diputación, la Xunta y el Gobierno de España).
Con el proceso de fusión se prorrogó el Consejo en un primer momento y luego se formalizaron los órganos de gobierno de la nueva entidad NCG. En el nuevo Consejo de Administración y en los Consejos Territoriales nos hemos sentado representantes políticos de los tres grupos que tienen presencia en el Parlamento gallego: Salvador Fernández Moreda, Pepe Orozco, el alcalde de Curtis, el de Cabana de Bergantiños, el de Burela, un cargo de confianza del BNG representando al Concello de Pontevedra, así como representantes de los trabajadores de CCOO y de un sindicato de la casa. En el Consejo actual estamos: Moreda, Cainzos – alcalde de Curtis-, Veiga – Concello de Pontevedra- y un representante de CCOO.
En el Consejo de Administración se aprobó el Plan de fusión, el de recapitalización y se dio paso al nuevo Banco, NCG. Anualmente se aprobaron las partidas genéricas de retribuciones a directivos y fueron aprobadas. No tengo consciencia de que en ningún momento se detallasen las indemnizaciones de los contratos de miembros de la dirección aunque recuerdo perfectamente cuando se anunció que Javier García de Paredes se incorporaba a los contratos de alta dirección que tenían tres miembros de la antigua Caixanova –entre ellos José Luis Pego- ; en cualquier caso, dichos contratos figuraban en el Banco de España para su validación y la pertinente autorización.
Mucho se habló de la situación “real” de las Cajas y en concreto de NCG. Personas que en su momento fueron consideradas social , económica y mediáticamente, pasaron a ser considerados los culpables del “desastre financiero”. Quienes en su día vendieron la fusión como el éxito estelar del Gobierno gallego, fueron sustituyendo las salvas por cañonazos a muerte. Nunca participé de la opinión de que la gestión de las Cajas había sido nefasta y la situación actual derivaba de directivos inconscientes que nos habían arruinado. Y no lo creí porque eso sería incompatible con los anuales parabienes del Banco de España y, aún es más, se me antoja que si la autoridad financiera sospechara que esta gestión es la responsable de que haya habido que inyectar 2.400 millones del FROB en NCG, no habría consentido la continuidad de buena parte de la dirección, como hizo en la CAM o con la actuación en la Caja de Castilla la Mancha.
Creo, por tanto, que la situación de las Cajas y en concreto la de NCG se debe a distintos factores, buena parte de ellos en relación con la crisis financiera, el problema de la deuda pública y la necesidad de reforzar al máximo el sistema financiero español, eliminando o disminuyendo a mínimos la presencia de las Cajas y consolidando pocos y robustos grupos financieros, capaces de resistir los embates de una crisis feroz y de la desconfianza de los mercados. El decreto por el que se modificaron las condiciones de valoración de las Cajas no fue sino un paso más – probablemente el definitivo- en esta política de variar el sistema financiero español y afectó de manera irreversible a NCG. Creo, por tanto, en la capacidad y solvencia profesional de los equipos directivos que, no podemos olvidar, convirtieron en 20 años pequeñas Cajas locales en dos entidades de presencia más que digna en el sistema español. Creo también, que la historia y la profesionalidad de estas personas debe juzgarse en su día con perspectiva, tanto histórica como económica.
Tampoco participo de la demonización de la presencia de políticos en los Consejos de Administración de las Cajas. La crisis nos ha enseñado que aquellos que se denominan “profesionales” no fueron capaces de prever ni atajar las consecuencias del expansionismo que vivió el sistema financiero mundial y la quiebra de varias entidades bancarias, así como las dificultades de otras muchas nos permiten ver claramente que no ha habido demasiados “expertos”. Por otra parte, el control público ejercido a través de representantes de los parlamentos, los ayuntamientos o los gobiernos autónomos no me parece que deba desecharse para el futuro. Pero está claro que la presencia de las personas que ostentamos un cargo público o que pertenecemos a una formación política está sujeta a otros parámetros que no tienen quienes representan a los impositores o entidades sociales. Desde luego, nuestra posición es y ha de ser distinta.
Miles de gallegos necesitarían hoy un crédito que NCG no puede ofrecerles. Cientos de emprendedores necesitarían un crédito para crear empleo y sacar adelante un negocio y la Caja no puede ofrecérselo. Cientos de entidades sociales, deportivas o culturales miran con recelo y temor la pérdida de inversiones de la Obra Social de NCG. Por tanto, es un momento para tomar decisiones pensando en la realidad social que vivimos y no en otras cosas. Me han dicho que estos contratos venían de tiempos anteriores; seguramente, pero en circunstancias económicas radicalmente distintas no pueden mantenerse las mismas indemnizaciones. Mientras se recortan servicios públicos, se paralizan obras y se replantean inversiones no podemos pensar que las indemnizaciones a directivos pueden ser idénticas que hace diez años. Me han dicho que se daba cuenta del montante al Consejo; puede ser. Bien que me extraña que personas que fueron ciertamente críticas con la fusión, con la bancarización y con algunos temas de personal no hubieran alertado y hecho públicas estas cifras.
En cualquier caso: si en algún momento, en algún Consejo en el que yo estaba se aprobaron estas indemnizaciones, no me cabe más que la dimisión por haberlas aprobado y no haberlo hecho público. Si no pasaron -como creo recordar perfectamente- no puedo hacer otra cosa más que dimitir, porque no me parece razonable, prudente ni riguroso que se hayan aprobado en estos momentos. Seguiré siendo cliente de una entidad que, espero, tenga una larga vida por el bien de toda Galicia.