LA LEY (Y EL PP)

Hace algunos meses, a raíz de una rueda de prensa del portavoz del PP, el Gobierno gallego ordenó, en un hecho sin precedentes, realizar inspecciones en las sedes del sindicato Unións Agrarias. Una triste mañana, personal de distintas consellerías acudió a las instalaciones sindicales sin que mediase orden judicial alguna y sin que hubiese mediado denuncia que justificara tal actuación. En sentido estricto, quienes visitaron los locales de UUAA ni siquiera eran inspectores sino personal funcionario y contratado de distintas escalas y el único objetivo que se perseguía en tales visitas no era otro sino dotar de realismo y veracidad las denuncias lanzadas desde la sede del PP. Aquella sucesión de despropósitos contó con algún episodio grotesco como la supuesta consulta de Miranda and company de los expedientes cuidadosamente ordenados en la Consellería de Traballo, cuando luego se demostró que el PP contaba con aquella información desde meses antes. Esta misma mañana dos de los responsables de este affaire acudiránn a declarar como imputados; ni más ni menos que dos Directores Xerais del Gobierno de todos los gallegos.

Tiempo después fue el Conselleiro de Medio Ambiente quien puso la maquinaria del Ejecutivo al servicio de los populares gallegos. Objetivo?, la vivienda de una diputada, ex Conselleira de Pesca, cuya situación urbanística se dirime aún en los tribunales. Sin importarle la falta de una sentencia firme, el señor Hernández anunció urbi et orbi el inminente derribo de la casa en cuestión y envió a una entusiasta dotación de funcionarios dispuestos a demoler lo que hiciera falta. Lástima que los jueces impidieron al Conselleiro llevar a cabo tal amenaza y le recordaron que ni siquiera él está por encima de la Ley y que, bien a su pesar, tenía que dejar la piqueta para mejor ocasión.

Desde hace unos días la situación se repite. De nuevo la dinámica conocida: Rueda trama, Rodriguez Miranda anuncia y el Ejecutivo actúa. Esta vez contra el Secretario Xeral de los socialistas gallegos y una supuesta infracción administrativa relativa a su vivienda. Rueda lanza la acusación, Rodríguez Miranda anuncia la inspección y Hernández – siempre eficaz – ordena la misma. Mientras tanto, las fotos de la casa de Pachi Vázquez recorren internet y las portadas de los periódicos y los jóvenes cachorros se manifiestan frente a su puerta con la inestimable colaboración de la televisión pública gallega. Les suena el modus operandi?. Naturalmente.

Estos tres ejemplos apuntan en la misma dirección: el Gobierno gallego está dispuesto a colocar toda la maquinaria de la Administración al servicio del interés espúreo de un partido político, el PP. La regeneración democrática prometida por Feijoo no sólo no sirvió para modificar comportamientos sectarios y caciquiles sino que ha tolerado y alimentado una actuación deleznable que consiste en utilizar el erario y las instituciones para desacreditar y perseguir a los adversarios políticos; dicha actuación es incompatible con la democracia.

Porque, pongámonos en lo peor, imaginemos que cualquier miembro de la oposición incumple una norma urbanística o administrativa; lo normal es que su caso sea tratado con el mismo rigor, la misma equidad y la misma discreción que el de cualquier otro ciudadano especialmente si nada hay definitivo, aunque luego deba asumir las responsabilidades a que haya lugar. Está eximido Pachi Vázquez del cumplimiento de la Ley ¿, por supuesto que no. Está obligado a pedir licencia?, claro que sí. Pero pensemos un momento.. Qué sabemos del expediente a la vivienda de Pachi Vázquez?, sabemos que aún no sabemos nada; sabemos que el Conselleiro de Medio Ambiente “no descarta que haya que derribarla” y que el martes irán “inspectores” a su puerta – con medios de comunicación, naturalmente - y que “si no les abre la puerta, es que tiene algo que ocultar”. Qué tiene esto que ver con una licencia urbanística?. Nada; al igual que las supuestas inspecciones a UUAA nada tenían que ver con irregularidades en las subvenciones. Es una desvergonzada actuación desde el poder.

Las casas se construyen con licencia, las obras se hacen con licencia, las subvenciones se justifican y la Administración tiene medios, normas y leyes para exigirlo y comprobarlo; normas, medios y leyes que no puede modificar a su antojo ni modular dependiendo quién sea el sujeto en cuestión. De verdad estamos dispuestos a tolerar que un Gobierno anuncie en rueda de prensa que va a inspeccionar la vivienda del líder de la oposición?. De verdad habrá que “abrir la puerta de la casa a inspectores” ante las cámaras de tv para demostrar que no hay nada que ocultar?. De verdad queremos un país así?. Quién será el siguiente?.