EL PRECIO DE LA INFAMIA

El pasado 18 de octubre la Fiscalía Provincial archivó la denuncia presentada por el PP coruñés, acusando al Grupo Socialista a tres empresas de la ciudad de prevaricación y tráfico de influencias; frente a este archivo no cabe recurso. A nadie debe sorprender que tanto Carlos Negreira como su mano derecha, Julio Flores, que en su día acudió a la Audiencia a presentar la susodicha denuncia, hayan ocultado esta decisión de la Fiscalía, pese a haberla conocido hace semanas. Esta actitud no revela nada que no sepamos: el PP no buscaba la verdad denunciando “irregularidades” ya que conocía la pulcritud de los procedimientos y contaba con varios informes de funcionarios que daban fé de la limpieza de los mismos; el PP y Negreira sólo querían alcanzar la victoria electoral utilizando para ello un ejercicio de difamación colectiva ahora desmontado por la Justicia. Lo de menos era la verdad, lo único que importaba era la cantidad de ruido y fango que podían levantar… y de ambos hubo sobradas dosis.

Es obvio que el archivo de la denuncia y el contundente auto de la Fiscalía no contarán con el mismo eco mediático que mereció aquella “operación dedazo” que nación en los pasillos de la sede del PP local y que durante semanas sembró la alarma entre los ciudadanos mientras difamaba, con absoluta frialdad, a los miembros del anterior Gobierno local, a funcionarios, empresas, partidos políticos y personas cuyo único delito era ser socialistas. Nada arredró a Negreira y sus peones: ni los documentos oficiales, ni los informes de los funcionarios de más alta responsabilidad ni siquiera la petición de los representantes de los trabajadores de alguna de las empresas, ante el daño – quizás irreparable- que se estaba haciendo al buen nombre de las mismas. Nada. Baste contemplar en alguna foto que hoy recupera un medio de comunicación, la cara satisfecha de los ediles populares a la puerta de la Audiencia; el caso era envolver la infamia en un envoltorio de credibilidad, desgraciadamente bien fácil en un momento de crisis social, económica y política. Los ingredientes estaban servidos: los políticos son corruptos, las obras se regalan a los amigos, las empresas compran y venden voluntades, los funcionarios trafican con su trabajo…

Hoy, meses después, el archivo de la denuncia nos sirve, no para subsanar el daño causado – prácticamente imposible- ,sino para intentar devolver ante los ciudadanos el buen nombre de personas, empresas y políticos que fueron injustamente atacados y sometidos a un juicio público sólo por la ambición y falta de escrúpulos del Partido Popular. Funcionarios de trayectoria impecable cuyo trabajo fue cuestionado de manera irresponsable: desde el jefe de servicio de Contratación –hoy ya jubilado- a los habilitados del Estado o los responsables del área de obras públicas, especialmente dañados. Empresas coruñesas – Malvecín, Rivas y Erfinco- nacidas y consolidadas en nuestra ciudad, que generan actividad económica y dan empleo a decenas de familias y que fueron difamadas de manera gratuita, sólo para obtener réditos electorales. Personas como María Debén, que ya había sido víctima de una acusación falsa por parte del PP y que vió cómo su nombre y su familia eran arrastrados por el fango con toda frialdad, y cómo en algunos foros se daba más crédito al fango lanzado por el PP que a la verdad.

No todo vale en política. No todo debería valer para alcanzar el triunfo. Un ciudad como la nuestra no merecía haber visto cómo durante semanas se llenaba de sombras la gestión, no sólo de un Gobierno o de un partido político, sino de una institución emblemática, de sus trabajadores y de personas y empresas que a nadie habían dañado. La infamia debe pagar el precio del descrédito para quienes están dispuestos a manchar a los demás con tal de vencer. Hoy los ciudadanos sin duda recuperan la tranquilidad de saber que su Ayuntamiento nunca ha sido esa cueva de ladrones que dibujaba el PP de Negreira. Hoy sólo nos queda una pregunta que hacer: cuándo se decidirá el hoy alcalde a pedir perdón?.