CÓDIGO 29

Tras varios días de respuestas y desmentidos, la Xunta ha anunciado el “desbloqueo” de oficio de las tarjetas sanitarias de los desempleados de larga duración, o sea, de las personas incluidas en el tristemente famoso “Código 29” – hasta el nombre es desafortunado- esa suerte de puerta de atrás por la que han de entrar en el sistema sanitario público gallego quienes han consumido la prestación por desempleo. La decisión final del Ejecutivo y el intento del Presidente gallego de desviar el debate hacia el pago por receta farmacéutica revelan la verdad: el Gobierno Feijoo aprobó un Decreto que, sencillamente, restringe derechos, limita el acceso de parados a la Atención Primaria y, de hecho, modifica un modelo sanitario público y universal.
El Código 29 es algo más que un modelo de tramitación – lento y farragoso, por cierto- al que deben someterse las personas en desempleo que no cobren prestación, es, en el fondo, un paso más en el cambio de una sanidad pública, otrora orgullo de país y hoy puesta en cuestión por tirios y troyanos. Con la crisis como disculpa, los gobiernos conservadores avanzan en un modelo sanitario abiertamente mixto, en que el sector privado tenga un peso mucho más importante que el actual y en que distintos colectivos sociales, - precisamente aquellos que son más demandantes de los servicios sanitarios- vean recortados una parte de sus derechos. Es, en definitiva, un modelo desigual, semipúblico, que deriva a las personas con más dificultades económicas a algo muy parecido a la antigua beneficencia.
Las reiteradas explicaciones de la señora Farjas y del propio Feijoo y las contradicciones exhibidas en su afán de reducir el escándalo no han hecho más que demostrar una realidad que a muchos les parecía inconcebible: el PP se dispone a cambiar un sistema sanitario cuya creación alcanzó un consenso social, político e institucional quizás único. Y lo hará, además, “por nuestro bien”, con la austeridad por bandera y previa anestesia colectiva bajo la amenaza de una crisis que no entendemos ni controlamos.
Desde el punto de vista operativo, remitir a urgencias a todas aquellas personas que tienen bloqueada la tarjeta sanitaria es un absoluto disparate. Desde el punto de vista ético, que los desempleados figuren en una aplicación sanitaria específica supone una violación de su intimidad y una vergüenza colectiva. Desde el punto de vista democrático, si el PP quiere cambiar el modelo debe decirlo con claridad; el sistema de cotización e impuestos se basa en el Pacto Social: uno paga lo que el corresponde a cambio de contar con un modelo público y universal; si vamos a tener un modelo desigual, con una sanidad social y económicamente segmentada quizás muchos elijan (elijamos) no cotizar. No me pida usted ayuda para dejar a una parte de la sociedad a un lado.