EL DÉFICIT, LA CONSTITUCIÓN Y LAS MALAS NOTICIAS

Llamazares se convierte en el insospechado protagonista de la votación que abre la reforma constitucional. No habrá acuerdo con CiU, pese a la voluntad manifiesta de Durán i Lleida y su más que visible cabreo con el portavoz de IU y el veto no es sino el penúltimo episodio de un acuerdo de Estado, criticado con fruición y del que no se sabe bien si gustan menos el fondo o las formas. Lo cierto es que la actitud de Llamazares es una lección política e institucional que nos enseña el valor real de un voto, lección para todos, incluido el propio Llamazares a menudo más ocupado en denunciar la supuesta injusticia con la que la Ley Electoral trata a IU que en utilizar su fuerza para hacer política.

Pero más allá del desenlace parlamentario, lo cierto es que el anuncio de la modificación de la Constitución para incluir un límite al déficit, que Zapatero hizo en sede parlamentaria, fue recibido entre las críticas de algunos, el desagrado de muchos y el estupor de todos. A nadie puede extrañar que una organización como el PSOE, bastante más acostumbrada al debate y la pluralidad de lo que muchos dicen, expresara en voz alta las discrepancias de quienes no coincidían con el fondo del asunto y de quienes discutían abiertamente el método elegido y las formas al anunciarlo. Como dijo hasta el propio Rubalcaba, hubiera sido deseable una consulta previa a los órganos de dirección del Partido y, desde luego, a los miembros del Grupo Parlamentario que luego debían votar la medida.

Era esta la primera reforma constitucional, después de 20 años, que el país necesitaba –y esperaba-?. No era previsible que una parte de la ciudadanía se viera defraudada ante una reforma en la que sólo participan “por delegación”?. Más allá de tecnicismos jurídicos, es natural que una sociedad que se ha visto sometida a numerosas e importantes reformas en los últimos meses, que ha percibido la intranquilidad del mes de agosto y que ha demandado una mayor participación en la toma de decisiones políticas, se revuelva ante una reforma pactada en sede parlamentaria, aún reconociendo la legitimidad de la misma y de los representantes en quienes está delegada la soberanía ciudadana. Las explicaciones del método elegido deberían haber sido previas y claras. Como Judt nos recuerda, la participación aumenta la responsabilidad colectiva en los actos de gobierno y constituye también una salvaguarda para los desmanes de los representantes políticos. Cierto que el mismo autor hace una encendida defensa de la democracia representativa y nos presenta algunos ejemplos del pésimo resultado de algunos referéndums cuando el populismo gana terreno a la pedagogía política (por ejemplo las nefastas consecuencias sobre la economía californiana de la negativa a incrementar impuestos). En cualquier caso, es comprensible que la gente quisiese votar esta reforma y quizás no fue ni clara ni diligente la explicación del método, de la urgencia y del propio sentido de la reforma.

Y si la forma fue cuestionada, qué decir del fondo?. Durante esta semana hemos escuchado todo tipo de argumentos dispares en lo que se refiere al acuerdo: desde quienes consideran una aberración poner un techo al déficit público a quienes lo consideran imprescindible, desde quienes lo encuentran inútil hasta quienes la defienden como ejemplo de sentido común. Veamos, no es esta la primera vez que se pone en marcha una medida similar, el propio Tratado de Maastricht obligaba ya a la estabilidad presupuestaria; su cumplimiento, como hemos visto, no fue más que parcial.

Tampoco es novedoso que un gobierno de izquierdas asuma esta medida; de hecho fue la socialdemocracia sueca en 1932 quien impulsó la contención del déficit como factor de protección del Estado del Bienestar. Fue Gunnar Myrdal, Nobel de Economía en 1974, (por cierto, el primero en teorizar sobre la Cooperación Internacional y los países inmersos en la pobreza) el que asesoró al gobierno sueco y sentó las bases de unas medidas que luego tendrían continuidad en otros ejecutivos nórdicos y centroeuropeos. Como afirmó Felipe González, el control del déficit no implica recorte social pero sí que obliga a establecer claramente las prioridades del gasto público, algo que no debería asustar a quienes, desde la izquierda, defendemos que esas prioridades son la educación, la sanidad, el empleo y la atención social.

Sin embargo la reforma ha quebrado, seguramente, la confianza de una parte de los ciudadanos que ambicionan una mayor participación en los asuntos públicos y demandan un giro en las decisiones económicas. El propio González insistía en la necesidad de que la sociedad perciba que esta reforma no se asume en solitario ni en vano; si este es un momento de emergencia internacional, la estabilidad presupuestaria debe ser común a la UE y debe facilitar la creación de un “bono europeo” para asumir el pago de la deuda. Por otro lado, quizá sería el momento de plantear la urgencia de contar con una gobernanza económica común, democráticamente elegida: si hemos de tomar medidas drásticas que lo sean porque toda la UE las asume, porque compartimos una política fiscal, presupuestaria y financiera. Elijamos en una urna común y decidamos quién (es) gobierna nuestra economía, sin bilaterales, trilaterales ni multilaterales inútiles.

Dicho todo esto, un par de dudas. El continuo recorte en el gasto público y en las inversiones no está lastrando la salida de la crisis?; podemos generar empleo y actividad económica desde esta obsesiva reducción de las inversiones?. Y si la prima de riesgo no se modera, como sucedió el viernes, y sigue disparada.. qué hacer?. Y por último.. está valiendo para algo el incremento continuado de la flexibilidad en el mercado laboral?.