.gif)
Tanto el artículo 134 de la Constitución Española como el artículo 48 de la Ley General Presupuestaria, definen el contenido mínimo necesario (totalidad de gastos e ingresos así como beneficios derivados de los tributos), el posible (modificación tributaria) y el no permitido (creación de tributos) de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. La doctrina constitucional respecto a los límites del contenido de estas Leyes, evolucionó desde una orientación flexible hasta una más estricta conforme los Ejecutivos iban aprovechando la aprobación de los Presupuestos para introducir materias que poco o nada tenían que ver con el contenido de ese artículo 134; lo mismo puede decirse de la doctrina aplicada a los presupuestos autonómicos. Así, sentencias del Alto Tribunal en los años 94, 98, 99 declararon inconstitucionales distintos contenidos de leyes presupuestarias del Estado o de CCAA como Aragón o Cantabria.
Consecuencia de la progresiva limitación del contenido de las Leyes de Presupuestos resultado de la doctrina del TC, surgió un nuevo instrumento legislativo comúnmente denominado ley "de acompañamiento" de las Leyes de Presupuestos. Se trata de normas ordinarias cuya finalidad era recoger todas aquellas materias que habían quedado excluidas de las leyes anuales de presupuestos de acuerdo con la mencionada doctrina constitucional, y que deben su nombre a la tramitación parlamentaria paralela a la de las Leyes de Presupuestos. También las CCAA recurrieron a estas fórmulas: Aragón, Andalucía, Cataluña impulsaron esta legislación cuya vocación fundamental era “complementar” lo recogido en la propuesta presupuestaria.
Estas leyes, de naturaleza ordinaria y exentas de los condicionantes a los que está sujeta la ley de presupuestos, tienen, sin embargo, una característica singular: su tramitación paralela suele hacerse por el trámite de urgencia, salvando así los preceptivos informes previos de las restantes normas. Numerosas han sido las interpretaciones que han alertado sobre la inseguridad jurídica de estas normas, sobre su falta de coherencia al reunir en un solo texto múltiples modificaciones que poco o nada tienen que ver entre sí o acerca de la dificultad de interpretación de las mismas. Cómo no, el hecho de esquivar todo tipo de informes previos ha sido también señalado como una deficiencia de estas leyes y ampliamente criticado por eminentes juristas.
La Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, impulsada por el Gobierno Feijoo, reúne todas las deficiencias anteriormente enunciadas: no ha sido sometida a informes previos, constituye un documento abiertamente inconexo con modificaciones que nada tienen que ver entre sí – desde la función pública a la lei do solo – y generan una desconfianza innegable, dado el procedimiento y la escasa transparencia que han acompañado al mismo. De la escasa voluntad del Gobierno a la hora de dar cuenta del contenido de la Ley es buena muestra el hecho de que el Conselleiro de Medio Ambiente intentó en vano ocultar una importantísima modificación de los usos autorizables en suelo rústico en su comparecencia en la Comisión 3. Las declaraciones posteriores afirmando que dicha modificación era “para solucionar el problema de Mitsubishi” pertenecen al archivo de las boutades de este Ejecutivo. Por si fuera poco, el propio PP ha presentado tres enmiendas a dicha modificación, rozando el ridículo parlamentario.
Apenas unos meses después de aprobada una Modificación de la Lei do Solo en la Cámara, el Gobierno trata de reducir la protección del suelo rústico posibilitando de facto instalaciones industriales, equipamientos de cualquier naturaleza, edificaciones o infraestructuras en suelos cuyos usos estaban limitados para proteger su valor. La coincidencia temporal con la tramitación de la Modificación de la Lei de Costas propuesta por el PP no puede resultar más esclarecedora: la protección del territorio ha pasado a mejor vida. La recuperación de un instrumento tan controvertido como esta Lei de “acompañamiento” simboliza, además, que la tan cacareada regeneración democrática y la prometida transparencia habrán de esperar a otro Gobierno. Con Feijoo, no.
Consecuencia de la progresiva limitación del contenido de las Leyes de Presupuestos resultado de la doctrina del TC, surgió un nuevo instrumento legislativo comúnmente denominado ley "de acompañamiento" de las Leyes de Presupuestos. Se trata de normas ordinarias cuya finalidad era recoger todas aquellas materias que habían quedado excluidas de las leyes anuales de presupuestos de acuerdo con la mencionada doctrina constitucional, y que deben su nombre a la tramitación parlamentaria paralela a la de las Leyes de Presupuestos. También las CCAA recurrieron a estas fórmulas: Aragón, Andalucía, Cataluña impulsaron esta legislación cuya vocación fundamental era “complementar” lo recogido en la propuesta presupuestaria.
Estas leyes, de naturaleza ordinaria y exentas de los condicionantes a los que está sujeta la ley de presupuestos, tienen, sin embargo, una característica singular: su tramitación paralela suele hacerse por el trámite de urgencia, salvando así los preceptivos informes previos de las restantes normas. Numerosas han sido las interpretaciones que han alertado sobre la inseguridad jurídica de estas normas, sobre su falta de coherencia al reunir en un solo texto múltiples modificaciones que poco o nada tienen que ver entre sí o acerca de la dificultad de interpretación de las mismas. Cómo no, el hecho de esquivar todo tipo de informes previos ha sido también señalado como una deficiencia de estas leyes y ampliamente criticado por eminentes juristas.
La Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, impulsada por el Gobierno Feijoo, reúne todas las deficiencias anteriormente enunciadas: no ha sido sometida a informes previos, constituye un documento abiertamente inconexo con modificaciones que nada tienen que ver entre sí – desde la función pública a la lei do solo – y generan una desconfianza innegable, dado el procedimiento y la escasa transparencia que han acompañado al mismo. De la escasa voluntad del Gobierno a la hora de dar cuenta del contenido de la Ley es buena muestra el hecho de que el Conselleiro de Medio Ambiente intentó en vano ocultar una importantísima modificación de los usos autorizables en suelo rústico en su comparecencia en la Comisión 3. Las declaraciones posteriores afirmando que dicha modificación era “para solucionar el problema de Mitsubishi” pertenecen al archivo de las boutades de este Ejecutivo. Por si fuera poco, el propio PP ha presentado tres enmiendas a dicha modificación, rozando el ridículo parlamentario.
Apenas unos meses después de aprobada una Modificación de la Lei do Solo en la Cámara, el Gobierno trata de reducir la protección del suelo rústico posibilitando de facto instalaciones industriales, equipamientos de cualquier naturaleza, edificaciones o infraestructuras en suelos cuyos usos estaban limitados para proteger su valor. La coincidencia temporal con la tramitación de la Modificación de la Lei de Costas propuesta por el PP no puede resultar más esclarecedora: la protección del territorio ha pasado a mejor vida. La recuperación de un instrumento tan controvertido como esta Lei de “acompañamiento” simboliza, además, que la tan cacareada regeneración democrática y la prometida transparencia habrán de esperar a otro Gobierno. Con Feijoo, no.
No hay comentarios:
Publicar un comentario